Por: Jorge Acosta Gil
Director El Extranews
“Desde el desayuno se sabe lo que va a ser la comida”, dice el refranero popular para vislumbrar el resultado final cuando apenas arranca un proceso. En las relaciones de Estados Unidos con Colombia ya se cuentan varios mensajes de lo que espera el nuevo inquilino de la Casa Blanca con su similar de la Casa de Nariño.
El más reciente se produjo hace unas horas cuando quedó en claro que el Gobierno del presidente Joe Biden está absolutamente comprometido en la difícil lucha diaria de Colombia contra la producción y el tráfico de drogas. Eso sí, ahora hay un nuevo condicionante: El estricto cumplimiento de la ley y el respeto por los derechos humanos.
En efecto, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, en inglés) dio a conocer un documento de once páginas, en el que informó de las prioridades en este ámbito de la administración de Biden durante su primer año de mandato.
A lo largo del texto el Gobierno estadounidense desarrolla su visión en la lucha contra lo que se ha venido a llamar en EE.UU. la epidemia de opiáceos, que en 2019 se cobró las vidas de 70.630 personas en este país.
En el documento la ONDCP menciona a Colombia –y también a México- en el apartado donde describe la quinta de las prioridades del Ejecutivo de Biden: la reducción del suministro de “sustancias ilícitas” a EE.UU.
Los llama “socios claves” en el propósito de “dar forma a una respuesta colectiva y global a la producción ilícita de drogas y emplear enfoques de salud pública a través de una profundización de la colaboración bilateral, expandiendo la presencia efectiva del Estado y desarrollando
infraestructuras”.
”Esto garantiza que las actividades para frenar la producción y el tráfico ilícito de drogas se adhieran al cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos”, dice el texto.
La solicitud llega solo unos días después de la publicación por parte del Departamento de Estado de su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el primero publicado en la administración de Biden.
El documento, de 43 páginas, muestra su preocupación por “el lento avance”, dice el informe, de las investigaciones sobre homicidios de civiles cometidos por la Fuerza Pública y de paso sale en defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una institución que ha recibido críticas tanto por parte del presidente Iván Duque como de la bancada del Centro Democrático, la colectividad que lo llevó al poder.
Este es el segundo mensaje para Colombia enviado por el departamento de Estado. Hace unas semanas exigió aclarar los crímenes de los líderes sociales porque, reiteraron, se trata de una de las “máximas prioridades” para Joe Biden.
Esa solicitud coincidió con el reclamo de Human Rights Watch (HRW), que considera “insuficientes” los esfuerzos para detener el asesinato de los líderes sociales, una ONG que tiene un importante eco en distintas instancias del poder.
El presidente Duque, por ahora, ha destacado que las relaciones con Biden tienen el tono que corresponde a una amistad de dos siglos.
En 2022 “se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos”, dijo Duque el 9 de febrero. “El Presidente Biden tiene en su agenda la política de cambio climático, temas de desarrollo empresarial, de industrias creativas y, por supuesto, también, la atención del migrante”, enumeró Duque.
Para él, esos propósitos “nos motiva, porque entendemos que hay un amigo y un aliado de Colombia en la Casa Blanca”.
Mas detallista se mostró en una entrevista con EL TIEMPO, Emilio Archila, consejero para la Estabilización, en la que contó que “iniciando el Gobierno, después de haberse expedido por el Presidente la política de Paz con Legalidad, me reuní con el administrador de Usaid y con un número muy plural de las oficinas del Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos. Y lo he seguido haciendo. Ellos están con nosotros en muchos de los trabajos, como son los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, la implementación del catastro, formalización de tierras, sustitución voluntaria de cultivos, en las reparaciones colectivas de las víctimas”.
Archila puso así sobre la mesa la buena marcha, según él, de la implementación del Acuerdo de Paz, otra exigencia hecha por la administración Biden, días después de su posesión.
Para usted, entonces, ¿no es cierto que hay cambios de EE. UU. hacia Colombia en materia de paz?, le preguntó EL TIEMPO.
“Lo que no es correcto, en mi opinión, es pensar que antes no estuvieran y ahora sí van a estar. Eso no es lo que está ocurriendo”, respondió Archila.
Lo que sí está claro es que, en estas primeras de cambio, por el desayuno se sabe lo que va a ser la comida. Y en el menú de Biden está una insistencia para que en la agenda cotidiana de Colombia no haya dudas del respeto a los derechos humanos.
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